Política de Privacidad – Canal de Denuncias
El objetivo de esta Política de Privacidad es informar del tratamiento de los datos personales que se llevará a cabo para la gestión e investigación de las denuncias o consultas que se presenten a través del Canal de Denuncias de Proasur.
Para la correcta configuración y diseño del Canal de Denuncias, Proasur da pleno cumplimiento a la normativa aplicable en materia de protección de datos, y de manera especial: el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, y demás normativa de desarrollo aplicable.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El Delegado de Cumplimiento Normativo de Proasur.
2. Categoría y procedencia de los datos
En este Canal de Denuncias se podrá tratar información personal del denunciante y de la persona denunciada, así como de terceras personas involucradas en los hechos (por ejemplo, posibles testigos). No es posible definir a priori qué categorías de datos personales se tratarán, dado que depende de la información que libremente quieran facilitar tanto el denunciante como el denunciado o los testigos. En todo caso, solo se tratarán los datos estricta y objetivamente necesarios para tramitar las denuncias.
Proasur podrá recibir dichos datos personales directamente de la propia persona interesada, o de manera indirecta, por cualquier persona involucrada en la investigación o por las sociedades del Grupo. El denunciante que desee revelar su identidad deberá facilitar datos actuales y exactos para que la información esté correctamente actualizada.
3. ¿Con qué finalidad y base legal tratamos sus datos personales?
Cumplimiento de la Ley 2/2023, de Protección al Informante: trataremos la información recabada con la finalidad de gestionar e investigar las denuncias formuladas y adoptar las medidas de protección legalmente establecidas para prevenir represalias.
Atención y respuesta de posibles consultas: si no se presenta una denuncia sino una consulta, Proasur tratará la información para atender y responder, con base en el interés legítimo tanto de Proasur como de quien formula la consulta.
Prevención de riesgos penales, como misión de interés público: los datos también podrán tratarse para la prevención, detección y descubrimiento de posibles incumplimientos que puedan generar responsabilidad penal para Proasur.
Evidencia del correcto funcionamiento del Modelo de Prevención de Riesgos Penales: por el interés legítimo de Proasur en disponer de dicha evidencia.
Otros usos legalmente obligatorios: en algunos casos los datos podrán tratarse para cumplir obligaciones legales exigibles (por ejemplo, si los solicita un Juzgado).
4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación, durante el desarrollo de la investigación y, en su caso, durante el ejercicio de las acciones legales que correspondan. Transcurridos tres meses desde la recepción de la denuncia sin que se hayan iniciado actuaciones de investigación, se procederá a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del canal.
Posteriormente, los datos podrán conservarse debidamente bloqueados para atender posibles reclamaciones o responsabilidades, por un plazo máximo de diez años.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Como regla general, Proasur no cederá a ningún tercero los datos recabados a través del Canal de Denuncias. Únicamente podrá acceder a ellos el personal debida y previamente autorizado.
Si como consecuencia de la investigación se acordara la adopción de medidas legales o disciplinarias contra el denunciado, Proasur trasladará la información estrictamente necesaria a la entidad correspondiente. También se podrán facilitar datos a terceros cuando exista obligación legal (Juzgados, Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
Proasur podrá contar con proveedores de servicios (asesoramiento jurídico, servicios tecnológicos) que traten los datos en su nombre, con quienes suscribirá el correspondiente contrato de encargado del tratamiento.
6. Derechos de las personas interesadas
Las personas afectadas (denunciante, denunciado y testigos) podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos legalmente establecidos, con un alcance que no permita a la persona denunciada conocer la identidad del denunciante.
Estos derechos pueden ejercitarse en el domicilio de Proasur (Pg. Ind. de Olloniego, Parcela B-41, 33660 Oviedo, Asturias) o mediante correo electrónico a canaletico@proasur.com.
Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
7. ¿Cómo garantizamos la seguridad de sus datos?
Proasur aplica y mantiene medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, evitando la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados. Proasur ha llevado a cabo un análisis de riesgos y las correspondientes Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos.
8. Información a las partes involucradas
Cada vez que se formule una denuncia o consulta, Proasur informará de manera particular a las personas involucradas sobre el tratamiento de sus datos: al denunciante, en el acuse de recibo de su denuncia; al denunciado, en el plazo máximo de 30 días desde la admisión a trámite (salvo que ello comprometa la investigación, decisión que quedará debidamente documentada); y a cualquier otro interesado, con carácter previo a su participación en el proceso.
9. Medidas de seguridad y confidencialidad. Anonimato del denunciante
Los denunciantes podrán decidir si identificarse o no al presentar su denuncia — se admiten denuncias anónimas. Se garantiza la máxima confidencialidad sobre la identidad de quien decida identificarse, y el ejercicio del derecho de acceso por parte del denunciado no supondrá en ningún caso el acceso automático a dicha identidad.
Todas las personas que, por razón de sus funciones, tengan conocimiento de las denuncias están obligadas a guardar secreto sobre toda la información a la que accedan.